Las primeras definiciones de la próxima directora de Presupuestos

Aumentar los ingresos para poder hacerse cargo de ciertas demandas “muy sentidas y mayoritarias” de la población, apuntalar una buena reforma tributaria -para la cual se plantean varias alternativas en el programa de gobierno de Gabriel Boric-, de la mano de cuidar, fomentar y promover el crecimiento económico. Estas son, según Javiera Martínez, próxima directora de Presupuestos (Dipres), las claves para que Chile mejore su posición fiscal en los años que vienen.

Así lo planteó en un seminario organizado por el Consejo Fiscal Autónomo y la OCDE, el cual reunió a los exministros de Hacienda Nicolás Eyzaguirre e Ignacio Briones; a la directora del gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos de España, Alejandra Sánchez; a la consejera del CFA Paula Benavides, a su presidente, Jorge Desormeaux; y al director del Departamento Económico de la OCDE, Álvaro Pereira.

El CFA y la OCDE convocaron a un seminario online sobre desafíos fiscales y el proceso constituyente,
el que reunió a la futura Dipres, exministros de Hacienda, expertos del CFA, de la OCDE
y del Ministerio de Hacienda de España.

La excoordinadora programática de Boric explicó que en Rumbo Colectivo -centro de estudios ligado a RD que preside- consideran que de la discusión constitucional sobre política fiscal se abren tres grandes debates: los derechos sociales y su sostenibilidad fiscal, el régimen político y las atribuciones del Ejecutivo, y la descentralización.

Explicó que “el concepto de responsabilidad fiscal se había estado atrincherando en los últimos años”, y afirmó que el debate constitucional “es una oportunidad grande para revalorizar, dar mayor credibilidad al concepto de sostenibilidad fiscal y así también asegurar mayor legitimidad de la regla de balance estructural”.

Martínez destacó las palabras previas de Benavides. Esta última planteó que “la sostenibilidad fiscal se entiende como un indicador de solvencia, pero no hace referencia al tamaño del gasto público, ni del Estado, ni tampoco a un carácter austero de este, ni a una limitación de los derechos sociales”.

La futura Dipres indicó que “para la política fiscal el eje estructurante de la discusión a nivel constitucional es la justicia intergeneracional”, y agregó que el poder “constitucionalizar” un principio de sostenibilidad fiscal le hace sentido en la medida en que venga de un principio de justicia intergeneracional.

Martínez defendió que la Constitución debe evitar definir fórmulas, reglas o guarismos específicos sobre cómo se deben guiar las finanzas públicas, algo que -dijo- aplica como un criterio general y no solo fiscal.

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Desbalance de poderes

En cuanto al debate sobre régimen político, defendió que “existe un desbalance de poderes que no se acotan solamente a lo fiscal”, sino que el país también enfrenta una discusión “con un poder legislativo bastante asimétrico frente al Poder Ejecutivo”. Precisó que la iniciativa exclusiva de gasto del Ejecutivo “es una de esas asimetrías, pero no es la única”, y ejemplificó con que en la Ley de Presupuestos también hay una “asimetría importante entre lo que pueden o cómo pueden aportar los parlamentarios”.

Señaló, eso sí, que “no le echaría la culpa a la iniciativa exclusiva de gasto, sino que más bien al otro sinnúmero de amarres constitucionales que hoy en día tenemos, que efectivamente dejan al Legislativo sin muchas atribuciones en general”, como la determinación de urgencias. Invitó a discutir sobre cómo equilibrar los poderes más que sobre la iniciativa exclusiva de gasto en sí misma.

Afirmó que temas que se suelen ver como secundarios, como transparencia, son fundamentales porque “quien tome las decisiones de gasto tiene que ser también quien se haga responsable de la rendición de cuentas”.

Dijo que el debate sobre descentralización es, a su juicio, “donde más se complejiza la discusión de la política fiscal”, y sinceró que ella misma se enfrenta “con muchas más preguntas que certezas en cómo materializarla”.

Defendió que la descentralización fiscal no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino que como un medio para poder ayudar y apoyar el desarrollo de las regiones. Y argumentó que considera “vital” encontrar un balance entre autonomía fiscal y solidaridad interregional tanto en ingresos, gastos y deuda como en los distintos niveles subnacionales: el local y el regional.

Afirmó que “no hay duda de que las regiones podrían tener un mayor poder de decisión sobre su gasto”, pero sinceró que “se me hace difícil pensar en qué caso esa posibilidad de endeudamiento regional podría ser mejor que una nacional”, hablando desde el punto de vista las regiones.

Gasto fiscal saltó más de 33% en
2021 y deuda escaló hasta 36% del PIB

Dentro de los parámetros récord previstos cerraron las cuentas fiscales 2021 como consecuencia de las exigencias que estableció la pandemia. De acuerdo con un comunicado publicado este lunes por la Dirección de Presupuestos, el gasto del Gobierno Central total creció 33,2% real en 2021 comparado con 2020, totalizando $ 75.904.235 millones (31,3% del PIB estimado para el año); y el correspondiente al gasto del Gobierno Central Presupuestario lo hizo a un ritmo real de 33,3%, con un monto de $ 75.879.511 millones.
Dentro de este último, el gasto corriente saltó 36,3% real frente a 2020, el primer año que la economía sintió el golpe de la crisis sanitaria. Aquí, según el reporte de la Dipres, destacó el pago del IFE Universal, el subsidio al empleo en sus distintas líneas de apoyo (Subsidio Regresa, Contrata, Protege e IFE Laboral); y diversos bonos, entre otras medidas.
Frente a esto, el gasto de capital se expandió 11,8% real anual en el mismo periodo.
Como contraparte, los ingresos totales del Gobierno Central subieron 37,8% real en 2021, equivalente a $ 57.406.569 millones (23,7% del PIB estimado para el año), incididos principalmente por la mayor recaudación de resto de contribuyentes y la gran minería privada, además de Codelco.
En este contexto, el déficit fiscal alcanzó a 7,6% del PIB, menor al 8,3% proyectado en el último Informe de Finanzas Públicas; en tanto que el nivel de deuda bruta del Gobierno Central Presupuestario se ubicó en 36% del PIB, una cifra solo comparable con registros desde comienzos de los '90.